LOS CINCO CONGRESISTAS CAPTURADOS POR SUS NEXOS CON LOS 'PARAS' SON TRASLADADOS A LA CÁRCEL
En un hecho histórico, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de otros seis congresistas por sus vínculos con el paramilitarismo, una organización de extrema derecha que bañó con sangre la casi totalidad del territorio nacional en espantosas masacres y asesinatos selectivos. La medida judicial afecta a cuatro senadores -Álvaro Araújo, Mauricio Pimiento, Dieb Maloof y Luis Eduardo Vives-, y a dos representantes -Alfonso Campo Escobar y Jorge Luis Caballero-. Araújo, Pimiento, Maloof, Vives y Caballero fueron detenidos en la noche del jueves por agentes secretos de Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, en operativos adelantados en Bogotá, Santa Marta y Barranquilla. En algunos, casos sus propios escoltas participaron en la captura. Así ocurrió, por ejemplo, con el senador Araújo, quien se encontraba de compras en el centro comercial Andino, al norte de la capital. Vives y Campo se entregaron voluntariamente a la Fiscalía cuando escucharon la noticia. “Es un momento duro para la coalición de gobierno”, reaccionó en la mañana de este viernes el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi.
Las medidas judiciales en el escándalo de la parapolítica también se trasladaron a los departamentos. Se anunció que la Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a Hernando Molina Araújo, gobernador del Cesar, también por sus nexos con el paramilitarismo
La decisión de la Corte Suprema tiene un impacto monumental en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez: Todos los implicados forman parte de la coalición de gobierno y son un factor determinante de poder en las regiones e influyen grandemente en la toma de decisiones en el Congreso. De hecho, desde que se iniciaron las sesiones extraordinarias -el pasado 7 de febrero- el trabajo legislativo ha estado semiparalizado porque todos estaban pendientes de que les resolvieran su situación jurídica.
Se trata de los senadores Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives y Alfonso Campo quienes inicialmente fueron reseñados en el búnker de la Fiscalía. Otros tres legisladores, también por vínculos con las AUC, ya estaban tras las rejas desde el año pasado. Todos los detenidos forman parte de la coalición uribista de gobierno.
Aunque el Gobierno ha tratado de minimizar el hecho con el argumento de que la ley prevé que serán remplazados, éticamente no es tan sencillo. ¿Por qué? Con su salida del Congreso darán paso a quienes los sucedieron en votos dentro de las mismas listas. En otras palabras, serán remplazados por otras personas de los mismos partidos que llegaron al poder bajo la misma fórmula por la cual hoy se investiga a los detenidos. El ministro del Interior insistió, sin embargo, en que el Gobierno sacará adelante los proyectos propuestos.
También la decisión impacta fuertemente al gabinete pues el senador Araújo es hermano de la canciller María Consuelo Araújo. A pesar de esto, hoy el presidente Uribe aseguró que la sostenía en el cargo. (Ver artículo: “El difícil escenario de la canciller”). El grado de dificultad para que ella continúe trabajando se refleja en las primeras páginas de los periódicos de hoy en el mundo. En los rotativos hay consenso al informar que fue detenido por paramilitarismo el “hermano de la Canciller” más que la noticia de que se trata de seis congresistas. Por eso y aunque si bien es cierto que el presidente Uribe tiene un buen argumento para negarse a aceptarle la renuncia (“Ella llegó al cargo por meritos propios”, explica él), la realidad es que en este nuevo escenario a ella le va a quedar muy difícil defender internacionalmente la política del gobierno. Al fin y al cabo tiene un hermano en la cárcel por semejantes delitos.
De los seis nuevos congresistas cobijados con orden de captura, tres fueron purgados del uribismo pocas semanas antes de las elecciones, pero se las arreglaron para burlar la sanción inscribiéndose a través de otros movimientos. Maloof y Vives salieron del Partido de la U para aterrizar en Colombia Viva, mientras que Caballero fue expulsado de Cambio Radical pero mantuvo su curul en la Cámara gracias al partido Apertura Liberal.
De esta manera ya son nueve los congresistas cobijados con orden de captura. Desde finales del año pasado están presos los senadores Álvaro García Romero y Jairo Merlano, así como el representante Erick Morris. La ex congresista Muriel Benitorebollo, quien desde hace un año perdió su curul en el Congreso, también está detenida igual por el mismo delito: nexos con grupos de autodefensas.
Las principales pruebas que tiene la Corte contra los legisladores son las declaraciones del ex jefe de informática del Das, Rafael García, las investigaciones de la analista Claudia López –publicadas en Semana.com-, algunas conversaciones y documentos encontrados en el computador de ‘Jorge 40’ (decomisado a alias Gonzalo), el acuerdo de Ralito suscrito por varios legisladores con cuatro temibles jefes de autodefensas de la Costa Atlántica y algunas versiones de políticos y dirigentes de la región.
El caso de Campo se veía venir dado que solo un día antes de su captura fue expulsado del Partido Conservador, que curiosamente había sido el más reacio a adoptar medidas contra los congresistas involucrados en el escándalo. Basta recordar que para las elecciones, esta colectividad no tuvo ningún reparo en aceptar al hijo de la Enilce López, ‘La Gata’ porque sabía del poder electoral de esta cuestionada familia en la Costa Caribe. Ella, por ejemplo, no vaciló en afirmar cuando la detuvieron: “Ahora voy a votar por Uribe desde la cárcel”. Y en ese momento el Partido Conservador guardó silencio.
Y en otros casos se habían marginado con la esperanza de que la Corte no fuera a tomar tan trascendental medida. Así ocurrió, por ejemplo, con Pimiento, del Partido de la U, quien había renunciado a su pertenencia al Partido hasta que se resolviera su situación judicial.
¿Quiénes son los cinco detenidos, el prófugo y por qué su importancia?
Álvaro Araújo
Su vinculación al escándalo por para-política es una de las que más han impactado en la opinión, pues además de ser muy cercano al presidente Álvaro Uribe, como se dijo es hermano de la canciller María Consuelo Araújo. Araújo es también sobrino político del procurador Edgardo Maya Villazón y primo del magistrado de la Corte Constitucional Jaime Araújo y el gobernador de Cesar, Hernando Molina, quien también fue llamado a indagatoria por la Fiscalía (Ver artículo ‘Un gobernador en la mira’).
Como presintiendo lo que vendría, Araújo reconoció hace unas semanas que asistió a una reunión con alias ‘Jorge 40’ y que su hermano Sergio se reunió varias veces con el ex jefe paramilitar con autorización del gobierno. Aunque su versión fue corroborada por el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, Araújo ya había desatado una tormenta política en el uribismo al declarar que si lo investigaban a él, saldría salpicado el gobierno.
Llegó a la Cámara de Representantes en 1994 con 18.151 votos y en 2002 pasó al Senado con más de 79.000 en las elecciones en que -según Rafael García- ocurrió el fraude electoral orquestado por los paramilitares. En 2006 obtuvo la votación más alta de Alas-Equipo Colombia, partido que logró cinco curules para el Senado y del cual es cofundador. Sus mayores fortines electorales son Cesar y Magdalena, en donde tiene ubicadas a sus cuotas políticas
Aunque siempre ha estado en la comisión quinta (de asuntos energéticos), sus propuestas más sonadas han sido sobre temas de seguridad. En noviembre de 2003 pidió al Congreso permitir que los paramilitares desmovilizados fueran recibidos en la Fuerza Pública. Y en la discusión de la Ley de Justicia y Paz radicó un artículo que permitía a los paramilitares quedarse con el 20 por ciento de sus bienes ilegales cuando finalizara el proceso de paz, iniciativa que no fue aprobada.
Dieb Maloof
Desde hace un tiempo, el senador barranquillero Maloof ha sido señalado como beneficiario de la repartición electoral de las autodefensas en la Costa Atlántica, versión que llegó a Bogotá en plena campaña de 2006 y que significó su expulsión del partido de La U por solicitud del presidente Álvaro Uribe. Según las informaciones que recibió el Presidente, Maloof habría participado en reuniones con el ex jefe para ‘Jorge 40’.
Días después, SEMANA divulgó una conversación de chat incluida en el computador de ‘Jorge 40’ en la que Édgar Ignacio Fierro Flórez (‘Don Antonio’), mano derecha del ex jefe del Bloque Norte de las AUC, y Carlos Mario García Ávila (‘Gonzalo’), jefe político del mismo, hablaban sobre la repartición de apoyos para las elecciones de Congreso.
Llegó al Congreso como suplente de Édgar Perea y en 2002 logró el 80 por ciento de su votación en zonas de influencia paramilitar de la Costa Atlántica. Cuatro años después, ante la expulsión del uribismo, revivió la personería de Colombia Viva y logró mantenerse en el Senado, en donde es ponente de la reforma a la Ley 100. Tuvo cuotas políticas en el Incoder, y su esposa, Shaida Habib, es directora del Instituto Distrital de Seguridad en Barranquilla.
Mauricio Pimiento
Fue el único de los seis congresistas que cuando fue llamado a indagatoria dio la cara. Tan pronto fue notificado, indicó a la prensa que se sometía a la decisión de la Corte Suprema de Justicia y renunciaba a la condición de ponente del proyecto de reforma a la justicia, que promueve cambios en ese tribunal. También le pidió al partido de La U que lo suspenda mientras se defiende de las acusaciones en su contra.
Pimiento asegura que en una región como Cesar es muy difícil hacer política sin cruzarse por el camino a algún jefe paramilitar, pero que eso no significa que tenga relación con grupos armados o que su campaña haya sido financiada por ellos.
Es uno de los congresistas de provincia más influyentes del país y más cercanos al presidente Uribe. Ex gobernador de su departamento y defensor de la negociación con las autodefensas desde la comisión primera del Senado, Pimiento logró mantenerse en el Congreso al conseguir la décima votación más alta del partido de La U durante las elecciones de 2006. De los 52.000 votos que obtuvo, 17.000 fueron en su departamento y 11.000 en La Guajira, dos de los entes territoriales en los que, según Rafael García, las elecciones eran controladas desde hacía cuatro años por el ex jefe paramilitar ‘Jorge 40’.
Jorge Luis Caballero
Aunque todos estos hallazgos fueron obtenidos el año pasado, Caballero ya había sido acusado públicamente por el entonces representante Gustavo Petro de tener vínculos con las autodefensas. El señalamiento ocurrió durante un debate sobre paramilitarismo realizado el 16 de mayo de 2005 en el Congreso. En dicha reunión, Petro señaló que los tentáculos del paramilitarismo en la región no involucraban exclusivamente a Caballero, y salpicó a la mayoría de congresistas de Magdalena y Sucre. Desde entonces se ha defendido argumentando que su alta votación en Magdalena se debe a la labor social que realizó como gobernador.
A comienzos de 2006, Caballero volvió al centro del huracán cuando fue expulsado del uribismo por vínculos con las autodefensas. En ese momento hacía parte de la lista de Cambio Radical del senador Germán Vargas Lleras, quien lo notificó públicamente de que ya no era bienvenido en su bancada. Pese a la ‘purga’, logró mantenerse en la Cámara de Representantes al presentarse por el partido Apertura Liberal, del desinvestido representante Miguel Ángel Flórez. Integra la comisión primera, desde la cual defendió en el cuatrienio anterior temas como la Ley de Justicia y Paz y la reelección presidencial.
Luis Eduardo Vives Lacouture
Fue salpicado por Rafael García en una declaración en la que lo señala de tener nexos con los paramilitares de Magdalena y beneficiarse políticamente de sus presiones a los votantes de la zona para obtener una curul en las elecciones de Senado de 2002.
Es integrante de una de las castas políticas más poderosas de la Costa Atlántica y sobrino del controvertido ex senador José Ignacio, Nacho, Vives, quien promovió sonados debates contra la extradición y figura como lobbista de los narcos de los años 80 en el libro Los jinetes de la cocaína, que destapó la infiltración de las mafias del narcotráfico en la política colombiana.
En enero de 2006, menos de dos meses antes de las elecciones de Congreso, Vives fue uno de los tres congresistas expulsados del partido de La U por supuestos vínculos con paramilitares. Tras ese impasse se inscribió en la lista de Convergencia Ciudadana (del senador Luis Alberto Gil) y se mantuvo en el Congreso con 58.000 votos. Pertenece a la comisión tercera del Senado, encargada de los temas económicos.
Alfonso Campo Escobar 
Su vinculación al caso obedece a indicios sobre reuniones con jefes paramilitares de Magdalena y a dudas sobre la conformación de sus listas a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador.
Respecto al primer caso, García, condenado por vínculos con los paramilitares, asegura que Campo también fue beneficiado con la repartición electoral decretada por las autodefensas. El ex jefe de informática del DAS aseguró en su declaración ante la Fiscalía que durante 2002 los paramilitares hicieron un complot destinado a favorecer a los candidatos de sus afectos en las elecciones de Congreso. "Los municipios del sur deberían votar por (...) Alfonso Campo a la Cámara", señaló en su indagatoria. En una nueva declaración rendida el 22 de noviembre, García volvió a mencionar a 10 congresistas y ex congresistas a los que el ex jefe paramilitar ‘Jorge 40’ habría ayudado, y entre ellos incluyó a Campo.
Ante esta situación, Campo decidió presentarse voluntariamente a la Corte para que le recibieran versión libre sobre el tema, pero cinco días después de declarar, fue llamado a indagatoria por concierto para delinquir agravado.
Las dudas sobre la conformación de su lista tienen que ver con su decisión de incluir como segundo renglón a Juan Barrera, hijo de ‘Chepe’ Barrera, el temido jefe paramilitar que operaba al sur del departamento, desde la zona del Plato hasta la depresión mompoxina. En esa región Campo obtuvo elevados niveles de votación que coinciden con las zonas de presencia paramilitar.
Fuente: Revista Semana
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