Network News
Editorial
¿Un día sin la migra?
Los operativos desestabilizan a las comunidades y violan a nuestros derechos
Por Arnoldo García
Una película nueva, “Un día sin mexicanos,” relata las calamidades que sufre California cuando todos las y los mexicanos desaparecen un día de repente después de que una neblina misteriosa cubre al estado. Las nodrizas desaparecen y las señoras de carrera no pueden ir a la oficina; los restaurantes cierran sin cocineros, friegaplatos, y meseros; no hay para trabajar las labores agrícolas. El mundo se vuelve al revés sin los “ilegales.” Los invisibles, los inmigrantes, instantáneamente son reconocidos como imprescindibles para gozar las exquisiteces cotidianas antes dadas por sentadas en la vida made in the USA. En la película, los/las inmigrantes ganan nuevos e imprevistos aliados que claman por su retorno.
Mientras la realidad desafía cáusticamente a “Un día sin mexicanos,” muchos de nosotros abrigamos una visión afín, de largo plazo. Despertamos un día para descubrir que la Migra (la Patrulla Fronteriza y todas las policías migratorias) y las mentalidades e instituciones que representa han desaparecido repentinamente: Nuestras comunidades prosperan porque no hay una policía especial que las arresten y deporten sólo por quienes son. Afirman sus derechos y responsabilidades abiertamente. El pueblo camina libremente, va al trabajo, va a la escuela, va a la iglesia, juega en el parque, va de compras, visita a sus amistades y parientes sin titubear, no teme retenes ni que las puertas sean rotas a pataleadas, no hay amenaza de ser acosado por agentes bravucones demandando papeles en los autobuses, las tiendas, y las vecindades.
Desafortunadamente las redadas recientes contra inmigrantes en el sur de California y otras partes revelan el largo camino que tenemos que recorrer para lograr un mundo casi sin fronteras, donde la Patrulla Fronteriza, la Migra, actuara como una fuerza policíaca que sirviera y protegiera en lugar de esposar, bofetear y atacar a las comunidades fronterizas y a inmigrantes dondequiera.
Los “operativos” son redadas, las redadas violan los derechos
Los asaltos casi relámpagos de la Patrulla Fronteriza en el sur de California, más de cien millas de la frontera EEUU-México, asestaron golpes severos a las libertades civiles y a la seguridad de la comunidad. Según el Cónsul de México en San Diego, más de 11,000 personas fueron interrogadas sobre su estatus legal por la Patrulla Fronteriza desde mediados de marzo hasta fines de junio. En seguida, más de 1,000 inmigrantes, principalmente mexicanos, fueron ilegalmente detenidos, arrestados y sumariamente deportados por escuadras de la Patrulla Fronteriza. Ahora a mil familias les hace falta un amado, a mil sitios de trabajo y vecindades les hace falta una compañera y un vecino. Y la Constitución de los EEUU está amoratada.
Las comunidades de inmigrantes a través de California continúan viviendo en temor a la Migra. Desde Ontario y Riverside en el sur de California hasta Salinas, Santa Cruz, San Francisco y otras áreas en el norte de California, las redadas – u “operativos” como prefiere nombrarlos la policía migratoria – desataron el terror. En todo el estado madres pararon de enviar a sus hijas e hijos a la escuela, familias pararon de ir a la iglesia y muchos no fueron al trabajo o de compras por días y días temiendo ser deportados. Alertaron a sus parientes y amistades a través del país, difundiendo la palabra sobre las redadas y las deportaciones.
Ahora la gente lo pensará mejor antes de reportar crímenes o abusos a la policía. La actual ejecución de leyes migratorias socava la seguridad de nuestras comunidades y refuerza los sentimientos anti-inmigrantes que creen que los inmigrantes son un problema que puede ser solucionado a través de las deportaciones sin importar las violaciones sistemáticas a los derechos.
Las redadas y los operativos de la Migra también han tomado lugar en otras partes del país. En algunos estados, al policía pone retenes de dudosa legalidad para detener a automovilistas que “parecen” extranjeros o recorren las calles acosando a los que andan en la calle o en los autobuses. En Buffalo, Kansas, la policía local puso una trampa de velocidades en una calle que conducía a una fábrica; arrestaron a 50 inmigrantes y los entregaron a la otra “Patrulla Fronteriza,” BICE, el Buró de Inmigración y Aduanas. En la ciudad de Texas City, cercas de Houston, agentes del BICE sólo interrogaban a personas que no eran blancas en un complejo de barcos y fábrica pesqueras y apartamento; detuvieron a unos 25 trabajadores. En Green Bay, Wisconsin, la policía local arrestó a trabajadores indocumentados presuntamente por usar carnets de identidad robadas; pero fueron entregados al BICE.
¿Por qué ahora? ¿Qué sigue?
¿Por qué desatar redadas migratorias en este momento? ¿Son la respuesta de la Patrulla Fronteriza a los intentos de Congresistas de asignar fondos en la ley de apropiaciones presupuestarias para instalar destacamentos militares en la frontera y para manifestar que están haciendo un trabajo merecedor de un incremento masivo en su presupuesto que fuera igual a su asesoramiento de la “invasión”?¿Fueron éstas una acción de último momento para presionar contra los proyectos de ley para la legalización pendientes en el Congreso? O, ¿fueron las redadas el resultado de la fiebre electoral – el afán de la Administración Bush de aplacar a los votantes anti-inmigrantes y mostrarles qué tipo de reformas migratorias tiene planeado si es re-elegido?
En todo caso, las acciones migratorias policíacas ilegales en California y otras regiones del país sirven para debilitar los derechos de comunidades enteras, poniendo en peligro la demanda de legalización con programas más restrictivos de trabajadores huéspedes (braceros) basados en el control policiaco y la criminalización.
Un sistema parecido al apartheid de derechos y privilegios está surgiendo: los/las inmigrantes y esos que “se parecen a o hablan como” extranjeros no sólo son cazados por la Patrulla Fronteriza – estén o no en la frontera – pero también tienen que cruzar la misma “frontera” en el interior. El estado de Tennessee, por ejemplo, provee licencias de manejar para ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes; todos los demás reciben “Certificados de manejar”, incluyendo a no-inmigrantes que están legalmente en el país tales como médicos, estudiantes, y turistas. El certificado para manejar declara prominentemente ‘NO ES VÁLIDO PARA IDENTIFICACIÓN.” El problema es que las leyes de Tennessee requieren que la policía expida por delitos menores una orden de comparecer y luego soltar al individuo, pero sólo si el individuo puede proveer “evidencia satisfactoria de identificación.”
Ya que el certificado de manejar no puede ser usado para identificarse, varias agencias policíacas han declarado que no lo aceptarán para identificación bajo el estatuto de citar y soltar, sujetando los poseedores de certificados de manejar al arresto por aún las más menores de infracciones de tránsito.
Alto a todas las redadas
Las redadas migratorias destrozan familias y desestabilizan comunidades, haciendo a las/los inmigrantes más vulnerables al abuso a manos de policías, empleadores, dueños de apartamentos, y otros sin escrúpulos. La patrulla Fronteriza y otros policías migratorios se burlan de la demanda de nuestras comunidades de rendir cuentas y actuar con legalidad. Asa Hutchinson, el Subsecretario de Seguridad Fronteriza y de Transporte dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), calificó a las redadas una violación de políticas internas del DHS porque la Patrulla Fronteriza actuó sin la autorización de la cúpula. No obstante, Hutchinson no dijo nada sobre los abusos y la violación de derechos perpetrados contra los que fueron detenidos ilegalmente y el trauma dejado en pos de las redadas.
La patrulla Fronteriza y otras policías migratorias sólo son parte del problema. Sus prácticas abusivas y anticonstitucionales son alentadas por las políticas y las leyes fracasadas que vinculan peligrosamente la migración a la seguridad nacional, que ponen en peligro las vidas de los/las inmigrantes y los derechos de todos en todas partes.
Ser indocumentado no significa ser desechable, ilegal o alguien que tiene diferentes e inferiores derechos. Nuestra Constitución no empieza en Washington, D.C.; cubre y protege a cada pulgada cuadrada del territorio estadounidense, sean en los centros urbanos, en las regiones rurales, en la frontera, y en los parques nacionales. Nuestra Constitución protege a todas las personas, sean ciudadanos o no, de los tipos de “operativos” desatados por oficiales de la Migra, representados poco convincentes como legales por el DHS.
El llamado constante por más Patrullas Fronteriza y coacción policíaca, incluyendo la política reciente expandiendo el poder de deportación de la Patrulla Fronteriza, no resolverá el problema migratorio. Sólo aumentando y mejorando los servicios, proveyendo más visas para que se pueda inmigrar con seguridad y salvo de los predadores naturales y sociales, la reunificación de familias, y una legalización genuina podrían solventar el problema que llegaran hasta a las raíces y causas del desplazamiento y la migración forzada. Las redadas y otras medidas represivas sólo agravan el peligro a las vidas de los migrantes y las libertades civiles.
La migración es un indicador de desarrollo social y económico con consecuencias poderosas para los países expulsores y receptores de trabajadores migratorios. No basta sólo con reconocer cuan imprescindibles son los trabajadores inmigrantes. Sin las protecciones constitucionales y una legalización genuina, todos y todas sufrirán económica, política, y, sobretodo, culturalmente. Las redadas son en vano y sólo aterrorizan a las comunidades y destruyen familias.
Nota: Este editorial apareció originalmente en inglés en la revista Network News en la edición de Primavera-Verano 2004, publicada por la Red Nacional Pro Derechos Inmigrantes y Refugiados (NNIRR, Nacional Network for Immigrant and Refugee Rights). Visite: www.nnirr.org
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