Arteixo Telecom y Level Telecom han presentado su nuevo localizador personal BEN, diseñado para favorecer la seguridad de personas con discapacidad o dependientes, así como de personas mayores o niños. Este nuevo dispositivo cuenta con un receptor GPS de alta sensibilidad y, entre otras prestaciones, ofrece un tiempo de localización en condiciones normales de un segundo. Con un margen de error de tan sólo cinco metros. Además, mantiene la cobertura en calles estrellas, en el interior de vehículos y en lugares cerrados próximos a ventanas con visibilidad al cielo.
El dispositivo móvil BEN permite mantener permanentemente localizada a la persona que lo porta. Además, detecta situaciones de potencial riesgo, como por ejemplo periodos de inactividad del usuario inusualmente prolongados o aceleraciones bruscas, que pueden ser debidas a caídas o golpes. El localizador, también facilita a los cuidadores la posibilidad de programar áreas seguras y áreas de riesgo: si en algún caso el usuario saliese de su área segura o se aproximase a un área considerada peligrosa, se generaría de manera inmediata un mensaje SMS que avisaría al cuidador.
Según Rafael Valcarce, presidente de Arteixo Telecom este nuevo dispositivo está pensado "para ayudar y mejorar la calidad de vida" tanto de las personas discapacitadas o dependientes como de sus cuidadores. Éstos últimos "tendrán una mayor tranquilidad al poder localizar al usuario en el momento que lo deseen, e incluso ser alertados en situaciones de inminente riesgo".
Dispositivos anteriores
En el desarrollo del dispositivo móvil se ha tenido en cuenta la experiencia acumulada en el proyecto Simap (Sistema Inteligente de Monitorización de Alertas Personales), impulsado por Tecnocoid (sociedad integrada por Arteixo Telecom y Level Telecom) en colaboración con Cruz Roja Española y Vodafone España.
Este proyecto se puso en marcha en febrero de 2007 con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad de vida de las personas en situación de riesgo o dependencia, así como las de sus familiares o cuidadores, utilizando para ello tecnología de última generación. Actualmente, Simap está en plena expansión y ya está implantado, en diferentes fases, en Aragón, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.
Además de por sus prestaciones, el nuevo equipo destaca por su robustez y por sus reducidas dimensiones y peso. Integra un receptor GPS de muy alta sensibilidad, comunicaciones GSM/GPRS cuatribanda, acelerómetro 3D y comunicaciones bluetooth, entre otras prestaciones. Tiene también una elevada autonomía de batería, que alcanza las 30 horas de actividad permanente y 53 horas en reposo.
Fuente: El Mundo.es. 18/11/08.
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Las causas más frecuentes del fracaso de la implantación de una prótesis de rodilla es el aflojamiento aséptico, provocado por una alineación incorrecta, por inestabilidad de los ligamentos o por un diseño inadecuado. Otros fracasos son debidos a complicaciones del aparato extensor, infecciones y fracturas en regiones próximas a la prótesis. La prótesis de rodilla es la más demandada, por delante de la de cadera, y en el 99% de los casos se practica en mayores de 55 que sufren desgaste articular por procesos reumáticos, principalmente artrosis.
Según José Luis Vilanova Vázquez, jefe de Traumatología de Puerta de Hierro, el abordaje de colocar una segunda prótesis de rodilla es complejo y "hay bastantes aspectos quirúrgicos en discusión, puesto que las primeras prótesis empezaron a ponerse hace unos 10 años y es ahora cuando empezamos a ver el fracaso y a plantearnos las dificultades de la implantación de una segunda".
"La principal complejidad en la implantación de una segunda prótesis", explica Pedro Torrijos, jefe adjunto de este servicio de Traumatología, "estriba en las causas que han llevado al fracaso de la primera y la situación en que se encuentra la rodilla del paciente. A veces hay pérdida de hueso, de ligamentos u otros tejidos, que de algún modo tenemos que reponer. Todo ello dificulta en gran medida el anclaje y la estabilidad correctos de la nueva prótesis". Se prevé que la segunda prótesis tenga una duración de unos 15 o 20 años. "No obstante, el tiempo es el que tiene la palabra", advierte.
Este tipo de operación pretende mejorar la función de la articulación, eliminar el dolor y proporcionar una mejor calidad de vida a los pacientes afectados, que cada vez son más debido al progresivo envejecimiento de la población. De ahí que el número de prótesis primarias y de revisión que se implantan en todos los países occidentales están aumentando notablemente.
Como sostiene Pedro Torrijos, el objetivo perseguido después del fracaso de una primera prótesis es retornar al paciente a la situación previa: "Para ello es necesario implantarle una articulación indolora, estable, móvil y duradera. Gran parte del quid de esta cuestión está en identificar las causas del fracaso. Luego es necesario hacer una planificación meticulosa de la segunda operación, tanto desde el punto de vista médico como de estrategia quirúrgica, teniendo muy presente el tipo de abordaje que vamos a practicar para la extracción de la prótesis no válida y para el implante de la nueva".
Cuando se trata de implantar la primera prótesis, los resultados son cada vez más satisfactorios, ya que los materiales son más biocompatibles y perfeccionados que hace años y las técnicas quirúrgicas se van tornando mínimamente invasivas.
FUENTE: El País, martes 10 de julio de 2007
COMENTARIOS: Si tienes alguna prótesis, escríbenos tu experiencia para que aquellos/as que se encuentran en el momento de tomar una decisión de esta índole puedan recibir opiniones que le asesoren.
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El nuevo pilar del Estado del Bienestar, la implantación en España del Sistema Nacional de atención a las personas dependientes significa un gran cambio y repercusión en el tejido social y económico. El nuevo sistema está atrayendo al sector empresarial que ven un gran negocio en el SAAD. ¿Qué opinas de la forma de financiación? ¿Crees que los recursos necesarios para desarrollarlo es aconsejable que lo presten entidades privadas?
Gobierno y empresarios especializados en prestar servicios sociosanitarios calculan que para afrontar este enorme reto se necesitarán unos 300.000 profesionales. No los hay en el mercado laboral, ni siquiera buscando fuera de España. Pasarán años antes de prepararlos, pero este cuarto pilar del Estado de bienestar (los tres primeros son Sanidad, Educación y Pensiones) no puede esperar tanto. Ya hay varias empresas -incluso alguna constuctora- preparándose para prestar un servicio que promete negocio de miles de millones anuales, y también influencia.
Cada año hay en España 150.000 personas que cumplen 65 años. El grupo de españoles con 85 y más años crecerá un 80% en las dos próximas décadas. Y el de 20 a 34 años perderá casi un tercio de sus efectivos. Teniendo en cuenta la implacable correlación entre edad y dependencia, la cifra de españoles con derecho en el futuro a recibir las ayudas del SAAD se dispara cada día. El 32% de las personas mayores de 65 años tiene algún tipo de discapacidad, frente al 5% del resto de la población.
El presidente de la Fundación Alares, Javier Benavente, que lleva años en el sector servicios con programas de asistencia familiar y de conciliación laboral, familiar o personal, y que es ahora pionero en el de la dependencia, reconoce la suma complejidad que supone la creación del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Pero es optimista.
"Con el SAAD nace una nueva dimensión económica y social. Aparecerán nuevas demandas que habrán de atenderse desde nuevos negocios y servicios, y con fórmulas organizativas, tecnológicas y de respuestas personales y profesionales. Pronto se verán cumplidos los pronósticos de los estudios previos sobre lo que va a significar económicamente el SAAD, no sólo en los empleos a crear y en los retornos empresariales y fiscales subsiguientes, que rebajarían la aportación del PIB que hay que destinar al SAAD. Esas expectativas se verán desbordadas al alza", sostiene el empresario Benavente.
En todo caso, el nuevo pilar del Estado de bienestar resulta imparable. Es más, llega a España con retraso, en comparación con los grandes países de la UE. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de 2004, el 68,5% de los españoles citaba el apoyo a las personas dependientes entre las tres medidas que debía tomar el Gobierno para facilitar la vida familiar. Un 70% se mostró incluso partidario de asumir subidas de los impuestos si se dedicaban a incrementar este tipo de servicios sociales.
En la puesta en marcha del SAAD están implicados el Ejecutivo central, que pone el 50% del dinero, y los Gobiernos autónomos, que deben aportar el otro 50% porque tienen transferidas las competencias en esas materias. Se trata de miles de millones de euros en más gasto social cada año. Pocos expertos se atreven a hacer el cálculo, ni siquiera aproximado, pero hay esta reciente orientación solemne: el Congreso de los Diputados aprobó el miércoles pasado, al final del debate conocido como del estado de la nación, una resolución obligando al Gobierno a destinar en 2008 mil millones más de los previstos inicialmente para el SAAD. La votación fue promovida por Izquierda Republicana de Cataluña (ERC). El PP votó a favor y el PSOE se opuso. Antes, a propuesta de socialistas, IU-ICV y Chunta Aragonesista, se había aprobado otra resolución que instaba al Ejecutivo socialista a aumentar en un 25% el dinero "previsto" para empezar a aplicar la Ley de Dependencia en 2008.
"Todos los que aprobamos esta ley estamos preocupados por su despliegue. Sabemos lo importante que es que el SAAD satisfaga las expectativas creadas". Esto dice la resolución de los republicanos catalanes, conscientes de que las comunidades autónomas no disponen de dinero suficiente "para llevar a cabo la ingente tarea que han asumido".
No se sabe cuánto dinero costará el SAAD en el primer año de su desarrollo, pero sí quién ha de ponerlo sobre la mesa: el Estado (central y autonómico), vía impuestos; y las personas dependientes, en función de su nivel de renta. La infraestructura del servicio correrá a cargo, en su inmensa mayoría, de la empresa privada. "Habrá grandes oportunidades para las iniciativas rentables y para demostrar que la solidaridad también contribuye a la competitividad económica, amén de hacerlo a la calidad social", afirma el empresario Benavente.
Fuente: El País, lunes 9 de julio de 2007.
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El catálogo de servicios para los grandes dependientes acordado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es el siguiente:
- Prevención y promoción de la autonomía personal.
- Teleasistencia.
- Ayuda a Domicilio (entre 70 y 90 horas mensuales garantizadas para los casos más graves).
- Centro de Día y de Noche.
- Atención residencial.
En caso de que no exista oferta pública del servicio que se requiera, las personas con gran dependencia podrán recibir una serie de prestaciones económicas:
- Prestación económica vinculada al servicio. Se trata de una prestación para que la persona pueda adquirir el servicio en el mercado privado. Las cuantías acordadas son para la gran dependencia nivel 2, 780 euros y nivel 1, 585 euros.
- Prestación por cuidados en el entorno familiar. Esta prestación se observará en circunstancias familiares y de modo excepcional, el beneficiario podrá optar por ser atendido en su entorno familiar, y su cuidadador recibirá una compensación económica por ello, por lo tanto, deberá estar dado de alta en la Seguridad Social. Dichos familiares recibirán una prestación de hasta 487 euros mensuales, además del coste de la cotización a la Seguridad Social y de las acciones de formación, 74 euros, que corren a cargo del estado.
- Prestación de asistencia personalizada. Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de un asistente personal que facilite el acceso a la educación y al trabajo, y posibilite una mayor autonomía en la actividades básicas diarias. Las cuantías acordadas son en el nivel II, 780 euros y en el nivel I, 585 euros.
Para acceder al Sistema de Dependencia, los ciudadanos deben solicitar una evaluación en los servicios sociales de su Comunidad Autónoma para determinar su grado y nivel de dependencia.
Fuente: MTAS. 9 mayo 2007
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